El pasado 15 de marzo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó la mesa redonda Venezuela: El impacto del proyecto de ley de ONG sobre la ayuda humanitaria y los derechos humanos, en la cual se analizaron las posibles repercusiones que tendría la aprobación de la denominada Ley Antisociedad sobre el espacio cívico venezolano.
Venezuela atraviesa la profundización de la crisis política y social y una represión generalizada, que ha derivado en la ausencia del estado de derecho y el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática. Se ha agudizado la aplicación de patrones de persecución, hostigamientos y amenazas contra las organizaciones de la sociedad civil, la oposición política, líderes sociales y sindicales, trabajadores públicos, personal universitario y personas defensoras de derechos humanos. También se han propuesto legislaciones restrictivas, como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, también conocida como Ley Antisociedad, como parte de un esfuerzo por cerrar el espacio cívico, limitando los derechos de asociación, libertad de expresión y participación en temas de interés público, entre otros.
Preocupación sobre Venezuela
Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, señaló que existe una especial y sostenida preocupación sobre la situación en Venezuela por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para Vaca, este proyecto de ley puede tener un impacto negativo no solo en Venezuela, sino en el espacio cívico en las Américas. «La CIDH, en conjunto con la relatoría de libertad de expresión, en dos oportunidades ha expresado su preocupación con respecto a este proyecto de reforma normativa, considerando que es una legislación que podría limitar arbitrariamente actividades de las organizaciones no gubernamentales y también de medios de comunicación, en tanto estaría otorgando a las autoridades un poder excesivo y discrecional para, por ejemplo, disolver organizaciones bajo acusaciones de participar en actividades de carácter político, o bajo alegaciones de atentar contra la estabilidad nacional».
Por su parte, la comisionada Gloria de Mees, relatora para Venezuela, agregó que la CIDH ha documentado una concentración de poder en el gobierno venezolano, con la consiguiente erosión del estado de derecho. Venezuela ha mostrado además indiferencia en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, expulsando incluso a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de su territorio, y negándose al escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos, convirtiéndose en un país con un espacio cívico cerrado. A su juicio, las ONG representan el último recurso disponible para el monitoreo y denuncia de lo que está ocurriendo en el país.
Efecto inhibitorio
Melanio Escobar, periodista y activista de derechos humanos, señaló que aunque la ley no ha sido aprobada, ya tiene un efecto inhibitorio en la sociedad civil venezolana. Estamos «a la expectativa de qué pueda pasar. No estamos hablando que afecta solamente de los medios de comunicación, sino a las organizaciones de la sociedad civil, activistas particulares y miembros del pueblo venezolano, que sienten que cualquier tipo de actividad que pueda considerarse de alguna forma política, como la exigencia de los derechos humanos, reclamar por algún servicio público, o alzar la voz ante una injusticia, puede desencadenar en cárcel, violencia física o tortura».
Para el codirector de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, esta ley no solo dificulta aún más el registro de organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos en Venezuela, sino que tiene injerencia en la autonomía normativa de cada ONG, al establecer cómo se va a gestionar la asociación y fijar una serie de obligaciones sobre cómo tiene que ser la rendición de cuentas y el funcionamiento de la organización. Además impone fines nuevos a las ONG, diferentes a los establecidos en el momento de su constitución.
«Hasta dentro del propio oficialismo esta ley está generando protestas porque es excesiva y desproporcionada. La ley está diseñada para que las organizaciones estemos en constante incumplimiento. Hay requisitos imposibles de cumplir y además, como si lo anterior ya fuera poco, estos requisitos hay que renovarlos anualmente». Para Daniels la ley está permeada por una serie de violaciones que atacan todos y cada uno de los elementos que conforman la libertad de asociación.
Efecto dominó en la región
A juicio de Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, en Venezuela estamos en un punto de inflexión para la defensa del espacio cívico, que tiene un eco significativo en toda la región. «El cierre del espacio cívico ha alcanzado niveles alarmantes. Desde Cepaz hemos identificado, al menos desde 2024, la aplicación de 16 patrones de persecución a toda persona u organización percibida como disidente. Estos patrones se aplican selectivamente de forma ejemplarizante cada vez que el gobierno siente amenazada su permanencia en el poder».
Durante años estas acciones estaban principalmente dirigidas a los partidos políticos, pero debido a la fragmentación de estas agrupaciones, la persecución y la represión se ha intensificado contra las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos. Especialmente en el contexto de un año electoral, donde las ONG juegan un rol crucial en las veedurías y monitoreo de los procesos comiciales.
«Las organizaciones vivimos un ambiente de constante terror y ansiedad. Un reflejo palpable de esto son los casos de más conocidos de Rocío San Miguel y Javier Tarazona, defensores de derechos humanos, que en este momento están en un centro de detención privados injustamente de su libertad». Este miedo no solamente limita la libertad y la seguridad de las personas activistas, sino que tiene un impacto profundo y directo en una labor crucial como la incidencia internacional, que ha permitido denunciar y dar a conocer la situación que ocurre dentro del país ante instancias internacionales. «La erosión de la democracia y el cierre del espacio cívico en Venezuela tiene un efecto dominó en la región». Los países comprometidos con la democracia, especialmente en Latinoamérica, deben unir sus sus voces para proteger el espacio cívico y a las personas defensoras de derechos humanos, como una medida preventiva para evitar que estas situaciones se repitan.
Fractura en la sociedad civil
El periodista Luis Carlos Diaz, señaló que esta ley no regula solamente a las organizaciones de derechos humanos, sino a todas las formas de asociaciones e iniciativas. «Esta ley también atacaría directamente a los medios de comunicación». Además va generando un efecto de inhibición y miedo a participar en acciones de incidencia o firmar comunicados, por ejemplo. «Al momento que la ley se anuncia hubo una especie de fractura en las organizaciones de la sociedad civil. En la propia narrativa del Estado se empezó a diferenciar entre ONG buenas y malas». En esta lógica estatal, las ONG buenas o humanitarias ayudan a la gente y las malas critican la gestión del estado venezolano.
Agregó Díaz que la comunidad internacional tiene que hacer un esfuerzo por proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que están en el exilio, y siguen recibiendo amenazas por parte del Estado venezolano. Añadió que en los medios venezolanos hay autocensura y no se tocan ciertos temas para no ser víctimas de actos de persecución, hostigamiento y amenazas.
El Estado venezolano no cumple
Por su parte, Ramiro Orias, oficial del programa sénior de la Fundación para el debido proceso, indicó que en los últimos tres años, en diversos informes de instancias de protección de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Misión internacional para determinación de los hechos, se ha establecido que existen motivos razonables para creer que el gobierno usa el marco legal para restringir el trabajo, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
«Vemos que de forma sistemática se utilizan normativas legales para desmovilizar a la sociedad civil e impedir que ejerzan sus roles en el campo de la asistencia humanitaria y la protección de derechos». Recordó Orias que los Estados están en el deber de garantizar un entorno habilitado y propicio para que las organizaciones de la sociedad civil puedan cumplir su su rol.
Organizaciones en la mira
En su intervención, la coordinadora nacional de Voto Joven, Wanda Cedeño, se refirió al proceso electoral presidencial previsto para el 28 de julio. Destacó que en los contextos electorales se busca convertir en blanco a las organizaciones que promuevan la democracia y la organización ciudadana. Para Cedeño nos estamos acercando a un proceso electoral en el que el gobierno puede perder su poder de manera legítima, a través de la participación ciudadana. Por eso la apuesta es a generar zozobra entre las organizaciones que podrían encargarse de exigir mejores condiciones en este proceso electoral, obligándolas a que se centren únicamente en seguir operando de manera segura y dejando de lado acciones para la defensa de los derechos políticos.
«No solo están restringiendo nuestra acción, sino que podemos ver un aumento de la criminalización hacia las organizaciones no gubernamentales. Cedeño cree que es importante que los estados de la región, así como los organismos y organizaciones internacionales, estén alertas para poder hacer frente a un éxodo masivo de personas defensoras en búsqueda de protección.
Espada de Damocles
Esta opinión es compartida por Laura Dib, Directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). «Creo que es muy importante reiterar que la migración masiva proveniente de Venezuela no es una migración únicamente producto de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, sino también del cierre del espacio cívico».
Para Dib este proyecto de ley es muy similar al que se aprobó en Nicaragua en el año 2018. Costa Rica ya vio las consecuencias de tener que recibir a una sociedad civil nicaragüense que fue reprimida en su país. Es necesario que se entienda que «en el futuro podría haber proyectos normativos de esta naturaleza en otros países».
«Este proyecto de ley es una espada de Damocles» que produce que constantemente las organizaciones y las personas defensoras de derechos humanos «se cuestionen, se censuren, se pregunten si pueden o no salir del país sin ser víctimas de detenciones». Además, tener que cumplir con todos los requisitos que establece la ley tendrá un grave impacto sobre el acceso a la asistencia humanitaria y limitará la capacidad de las organizaciones de sociedad civil, que no podrán denunciar, ni documentar, sin ser objeto de represalias, y por ende las víctimas no podrán ser escuchadas en las instancias internacionales.
